A ocho años de la sanción de la Ley de Identidad de Género

En los últimos quince años se sucedieron vigilias alrededor del Congreso de la Nación que forman parte ya de los capítulos memorables de la historia argentina reciente. Los debates en torno a la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la Ley de Reforma Previsional, Ley Servicios de Comunicación Audiovisual, Matrimonio Igualitario, tienen como protagonistas a las organizaciones políticas, a los movimientos sociales y a la heterogeneidad del pueblo reunido frente a sus gobernantes.

Una de esas vigilias históricas sucedió el 9 de mayo de 2012 mientras se esperaba que el Senado de la Nación dictamine sobre la Ley de Identidad de Género en la Argentina. A las 21.10, con 55 votos afirmativos, 0 negativos y 1 abstención, el Senado aprobaba la Ley 26.743 que permitiría a las personas registrarse en su DNI con su nombre, foto e identidad de género. También garantizaría el acceso a los tratamientos de salud a toda persona que requiera modificar su cuerpo de acuerdo con el género autopercibido.

Paula Arraigada, activista trans, feminista e integrante del Frente de Todos recuerda esa noche como una jornada de mucho nerviosismo y angustia:

"No sabíamos cómo iba a salir la votación, fue una noche larga, de frío, y después el resultado fue maravilloso y de una emoción enorme. Hoy a la distancia rememoro jornadas de muchas discusión, de mucha lucha, de mucho abrazo pero nos falta un largo camino por recorrer".

"Creo que la sanción de la Ley fue un gran avance en materia de derechos pero no solamente para las personas que en ese momento no podían ejercer su derecho identitario, sino para todo el pueblo argentino, porque cuando se suma un derecho para parte de una población lo que hace es marcar que una sociedad es mucho mejor", comenta Paula.

Desde su militancia activa en la agrupación La Nelly Omar y en sus trabajos como integrante del parlamento de Mujeres de la Legislatura Porteña, la Secretaria de Diversidad del PJ-CABA, su candidata a diputada por CABA por el Frente de Todxs, Paula conoce desde la experiencia vivida y sentida a diario que aún quedan numerosos derechos por conquistar y un profundo trabajo a nivel social para que el respeto a la identidad de género se convierta en un ejercicio práctico constante, más allá de que la persona haya rectificado su DNI o no.

Foto: May Aliaga

La Ley, sancionada el 9 de mayo y promulgada el 23 de mayo, entiende que la identidad de género autopercibida se refiere a "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales".

Por lo tanto, cuando el sexo y el nombre de pila que figuran en el DNI no coincidan con la identidad de género de la persona, se puede solicitar una rectificación registral, incluso en el caso de niños o adolescentes, quienes también lo podrán solicitar a través de un representante legal.

Esta es la primera Ley de Identidad de Género del mundo que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad. Tampoco requiere un trámite judicial o administrativo. Para rectificar el registro del sexo solo hay que presentarse ante una oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Según cifras de este organismo, desde el año 2011 hasta febrero de 2020 9 mil personas realizaron "la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen" en su DNI. La mayoría corresponde a la provincia de Buenos Aires (31,6%), la Ciudad de Buenos Aires (11,6%) y Santa Fe (9,2%), seguidos por Córdoba (8,8%), Salta (5,4%) y Tucumán (4,4%). Entre el total de las personas que accedieron a este cambio el 72% autopercibía su género como femenino. Entre los 20 y 29 años se concentra el mayor número de rectificaciones de DNI de acuerdo a su género autopercibido. Y más de 600 menores de 18 años, por medio de sus representantes legales y certificado su pleno consenso, pusieron en práctica la Ley 26.743.

La Ley también regula el acceso a la atención sanitaria integral de las personas. Indica que todas las personas podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales, a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Y menciona que los tratamientos médicos de adecuación de género deben ser incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado.

A ocho años de la aprobación de la Ley, si bien las personas trans y las diferentes identidades diversas cuentan con una mayor amplitud de derechos, todavía resta trabajar en programas equitativos de inclusión laboral, de acceso a la salud, como también combatir otros problemas graves como la persecución policial y los constantes actos de discriminación y transfobia que se continúan llevando vidas.

"Pasados ya ocho años veo la implementación de la Ley como un gran avance y como un portal que dio inicio a la lucha por todos los derechos que todavía nos son negados. Seguimos sosteniendo desde entonces el mismo promedio de vida de 35 años y eso quiere decir que estamos necesitando mayor acompañamiento del Estado en materia garantía de derechos", reflexiona Paula Arraigada.

Paula celebra tener la posibilidad de que el Estado reconozca la elección identitaria pero se debe avanzar en mejorar la calidad de vida y garantizar en lo real el acceso a derechos como la salud y el trabajo.

"La mayoría de la compañeras vive en situaciones de precariedad y marginalidad muy alta. Hay un porcentaje muy pequeño que sí ha accedido a trabajos de calidad, pero la mayoría necesita un trabajo, porque el trabajo dignifica y la dignidad implica felicidad, y la dignidad implica progreso, y la dignidad implica que esta imagen que aparece inconsciente en la proyección de la vida permita soñar que podés ser mejor, que si eras una cadeta poder ser una secretaria y si eras una secretaria poder ser una gerente. Y eso hoy no existe porque el trabajo registrado ha sido siempre negado para el colectivo trans".

En septiembre de 2015 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 14783 de cupo laboral travesti-trans que propone que el 1% de los empleos de la administración pública sea ocupado por personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. Diana Sacayan, una de sus mentoras, fue asesinada en su departamente por Gabriel David Marino un mes después de la aprobación de la Ley. Marino fue condenado a prisión perpetua por el crimen en un fallo inédito e histórico que utilizó por primera vez la figura del "travesticidio".

En 2018 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley Nacional "Diana Sacayan" de cupo laboral travesti trans, que aún aguarda el debate. Además de la provincia de Buenos Aires, las provincias de Santa Fe (octubre 2019), Chubut (Mayo 2018), Rio Negro (septiembre 2018) y Chaco (noviembre 2018) aprobaron legislaciones para incluir el cupo pero continúan sin reglamentarse.

"La presencia del Estado, de un Estado peronista, que es benefactor, tiene que ser a través de la generación de puestos de trabajo. Necesitamos tener un trabajo de calidad para sentirnos dignos y para sentirnos felices y sobre todo para sentirnos útiles. Porque lo que hemos soñado siempre es ser igual a todas y a todos, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero nosotras siempre hemos tenido muchas obligaciones y pocos derechos", concluye Paula, como síntesis de las urgencias actuales.

Foto:Agencia Presentes

A ocho años de la aprobación de la Ley es importante celebrar y recordar esta victoria como un horizonte para seguir trabajando por un mayor respeto a la identidad de género que incluya garantizar el acceso sin discriminación al sistema de salud, a la educación, al circuito laboral, y a la cultura en condiciones de trato digno.